+ Ni lucha social ni burocratismo: necesario
Los diputados de la LXI Legislatura del Congreso del Estado en Oaxaca, tienen una oportunidad histórica con la renovación de la titularidad de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Además de que la sola conducción de un proceso verdaderamente democrático, pulcro y apegado a los principios constitucionales, constituye en sí mismo un reto, es claro que también los diputados enfrentan el dilema de consolidar una auténtica visión de Estado, o continuar los pasos en reversa respecto a la conformación de los órganos autónomos. Al menos por esas dos razones, este proceso es clave para la vida pública, y debiera ser de interés y exigencia de todos que se lleve a cabo con la legalidad y legitimidad debidas.
¿Por qué la conducción de un proceso democrático sigue siendo hoy un reto para los diputados? Porque queda claro que independientemente de la alternancia de partidos en el Gobierno del Estado en Oaxaca, y de la pluralización de fuerzas dentro del Congreso, la gran mayoría de las prácticas corruptoras de la representación popular, y de las decisiones de interés público, continúan presentes. Para nadie es un secreto que sigue siendo la voluntad del Gobernador del Estado, o de los más connotados integrantes del grupo gobernante, los que en buena medida influyen para la toma de decisiones que debieran estar apegadas al interés general y los principios constitucionales.
En ese sentido, es evidente que los diputados “de la transición en Oaxaca” tienen aún un débito enorme con los ciudadanos a los que representan, pues más allá del discurso de la consolidación de la democracia y del cambio de actitudes, se encuentran todavía los visos de prácticas indebidas que tienen que ver con la tergiversación del interés colectivo y la venta de la conciencia a partir de intereses económicos o políticos.
Y es que si en alguna decisión debiera demostrarse, y constatarse la verdadera legalidad, constitucionalidad e independencia de los diputados, esta debiera ser en la elección de quienes integran los órganos autónomos. Porque se supone que la reforma constitucional que ellos mismos llevaron a cabo, en gran medida se encontraba motivada y fundamentada en la necesidad de ensanchar los cauces de la participación ciudadana en todos los procesos de la vida pública de Oaxaca.
Es por eso que, si se supone que los órganos autónomos son los modernos vigilantes y equilibradores de los poderes públicos, entonces éstos deben ser integrados por ciudadanos ajenos al poder público, que deben ser electos por quienes los diputados, que constituyen el contrapeso natural al poder del gobernante. Por eso mismo, la decisión sobre su nombramiento y fiscalización, debiera ser completamente autónoma. El problema es que eso último no ha ocurrido, porque tanto legisladores como gobernantes han preferido el acuerdo a la posibilidad de decidir responsablemente a favor del Estado, más que de los intereses específico que determinan a unos y a otros.
Ahí radica, pues, el primero de los retos que tiene hoy la Legislatura con la elección del nuevo Ombudsman: privilegiar los elementos objetivos que determinan a cada uno de los que manifestaron su aspiración, y que dicen cumplir con los requisitos que marca la Constitución para el Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, o de nuevo plegarse al interés oficial para complacer al gobernante en turno, e incluso tratar de vender la voluntad y la conciencia, para que sea el dinero o los intereses, y no el verdadero convencimiento con visión de Estado, los que determinen una decisión que, mal que bien, involucra a todos los oaxaqueños.
Todo aquel que entiende a los derechos humanos más allá del mero activismo político, sabe que los principios que marca la propia Constitución del Estado son la piedra angular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Por eso, más allá de los intereses, ese órgano autónomo necesita ser integrado con equilibrio, inteligencia y visión de largo plazo. No se trata, pues, de que el Ombudsman sea un “peleador” capaz de entrar en conflicto con el gobierno cada que éste se involucre en un hecho polémico, como tampoco de que éste siga siendo un burócrata que sólo justifica la estadía con algunas acciones, pero que nunca es capaz de encarar y cuestionar a las autoridades que sí violan los derechos humanos.
Queda claro que, frente a todo eso, el gran reto de la Legislatura radica en encontrar el punto medio de todo eso. Porque queda claro que los derechos humanos no sólo implica lo relativo a la documentación y denuncia de las violaciones que ocurran en la entidad, sino también al cumplimiento de todos los principios constitucionales relacionados con la materia, y que tienen que ver con aspectos estrictamente jurídicos, de promoción, de defensa legal e incluso de participación en la confección de las leyes que impliquen derechos humanos, y la presentación de recursos y medios de defensa legal cuando se considere que cierto precepto o ley sobrepasa los límites constitucionales.
Por esa razón, el nuevo titular de la Defensoría necesita ser mucho más que un activista, y algo claramente lejano a un burócrata. En ese sentido, los diputados están obligados no sólo a privilegiar sus intereses, sino sobre todo a tomar en consideración el programa de trabajo y las perspectivas a favor del Estado y la Constitución que implica a cada uno de los candidatos.
Lamentablemente, más allá de los participantes involucrados en la lucha social, y de quienes se dicen con la bendición del Estado para asumirse ya como inminentes defensores (pero sin haber comprobado mérito alguno), existe un trecho muy reducido en el que sí existe sustento, programa de trabajo, respaldo académico y eco en la verdadera ciudadanía interesada en que ese proceso, y la elección del nuevo Ombudsman, no caiga en ninguno de esos dos extremos.
Uno de los pocos aspirantes que cubre todas esas expectativas, y que de verdad constituye una garantía de trabajo delineado, y de cumplimiento de los principios constitucionales, es el doctor Rubén Vasconcelos Méndez. Fuera de él, y quizá de uno o dos académicos más con experiencia académica y profesional relevante en materia de derechos humanos, hay poca sustancia para garantizar un verdadero avance para Oaxaca. Entregar la institución a los activistas sería no sólo un retroceso, sino un riesgo latente para la institucionalidad de nuestro estado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario