Los Creel y Sodi de la Tijera despojan a comuneros de la Costa

Los Creel y Sodi de la Tijera despojan a comuneros de la Costa. Con la complicidad del ayuntamiento de Colotepec y de autoridades estatales.

Santa María Colotepec.- Mientras las autoridades gubernamentales y los partidos políticos enfocan su atención al proceso electoral para buscar el triunfo de sus allegados e incondicionales, el abuso, las invasiones y el despojo de las tierras a los comuneros en la costa oaxaqueña continúan con total impunidad.

Amparado en el poder que ostenta como munícipe y con total conocimiento de los manejos en el Comisariado de Bienes Comunales donde fungió como Presidente del Consejo de Vigilancia José Luis Cabrera Ruiz, no solo tolera sino que promueve la invasión de tierras comunales en zona federal presumiendo el respaldo de la familia Creel y Sodi de la Tijera y ahora también su relación con el presidente de la Junta política de la LXI Legislatura, el también panista Juan Iván Reyes Mendoza.

Abusivo pero intolerante, el presidente municipal ordenó la detención y encarcelamiento el pasado 21 de abril del voceador del periódico Sol de la Costa por vender periódicos en los que se hablaba de los malos manejos de su administración en Colotepec. Nadie defendió ahí al humilde voceador ni se pronunció contra lo que constituye un atropello a la libertad de expresión desde las esferas del poder municipal.

No hay que olvidar que fue precisamente durante el paso de Cabrera Ruiz por el CBC de Santa María Colotepec cuando se configuraron diversos negocios fraudulentos de compra venta de tierras comunales de Colotepec colindantes con Puerto Escondido.

El 26 de julio de 2006 el periódico El Universal publicó en una breve nota informativa parte de las denuncias verbales y públicas de los comuneros en contra de la familia Creel y Sodi involucrados en presuntos fraudes de compra venta de tierras de la que el entonces aspirante a Jefe del Distrito Federal Demetrio Sodi de la Tijera habría dicho que se trataba de una campaña de desprestigio orquestada por su opositor Marcelo Ebrard.

Ante la contundencia de las evidencias, el entonces abanderado panista sostuvo: “Esa es bronca de mi hermano, si hace un negocio y lo hace bien o mal es responsabilidad absoluta de él” y enseguida precisó: “Lo de Huatulco es un negocio de mi hermano, es bronca de él y no creo que haya ninguna bronca en la compra y venta de los terrenos; él es desarrollador turístico y sí, le compra terrenos a los comuneros, pero hay escrituras que el gobierno de Oaxaca le ha dado”, expresó Demetrio Sodi.

La Ley Agraria

La reforma al Artículo 27 Constitucional y la promulgación de la Nueva Ley Agraria, reconocen a ejidos y comunidades como propietarios de sus tierras, reconociéndole derechos y la facultad de ejercerlos como explica con toda claridad Carlos Mario Tovar Hassanille en su artículo “Asesoría e interpretación de la Ley Agraria” (www.juridicas.unam.mx). Explica que de acuerdo con el artículo

101 de la Ley Agraria, “en las comunidades los derechos parcelarios solo pueden cederse pero no venderse” y que “Tal cesión solo puede realizarse a favor de familiares o avecindados del mismo núcleo de población.”

Continuando con la explicación, se precisa que “Para que un comunero pueda ceder sus derechos parcelarios debe cumplir los requisitos aplicando el artículo 80 y lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Agraria que dicen:

“a) Sólo lo puede hacer el titular de los parcelarios, b) que la persona a quien se le ceden los derechos sea familiar del cedente o avecindado de la comunidad, c) que se estipule por escrito en presencia de dos testigos, d) que se notifique al RAN y e) que en la cesión de derechos se respete el derecho del cónyuge y de los hijos del cedente.” Asimismo se aclara que “El incumplimiento de los requisitos a) y b) anula la venta o cesión del derecho parcelario”.

En ese entendido, la venta de parcelas a particulares que no son avecindados ni familiares de los comuneros deja sin validez las negociaciones hechas por Juan Eduardo Sodi de la Tijera quien con el respaldo del edil continúa despojando a los comuneros de sus tierras según los propios habitantes de Colotepec.

¿Con quién contamos? ¿Quién va a defender nuestras tierras? La Procuraduría Agraria también está involucrada y es la que debería demandar ante el Tribunal Unitario Agrario como lo indica el Artículo 136 fracción IV de la Ley Agraria pero no hacen nada…¡no les interesa porque seguramente no les conviene! “, explica uno de los comuneros que teme la represión del edil y prefiere denunciar desde el anonimato.

Empresas fraudulentas

En el mismo artículo del periódico El Universal (26 de junio de 2006) se da cuenta de cómo a través de las propiedades mercantiles “Puerto Escondido Hábitat SA de CV” y “CPN Inmobiliaria SA”, las familias Sodi y Creel habrían comprado a bajo precio terrenos comunales de Santa María Colotepec, en conflicto agrario con San Pedro Mixtepec según denunció entonces el ex presidente del CBC de Mixtepec Iralio Ruiz.

En las actas constitutivas de ambas empresas inscritas en el Registro Público de la Propiedad del DF, entre los años 2000 y 2004 (cuyas copian fueron obtenidas por el Periódico El Universal), aparecen como accionistas y apoderados e integrantes de la sociedad mercantil Juan Eduardo Sodi de la Tijera y Demetrio Sodi Cortés, hermano e hijo de Demetrio Sodi respectivamente, así como su sobrino Juan Bosco Sodi y el presunto sobrino de Santiago Creel Mauricio Romandia Creel. Demetrio Sodi aclaró entonces que su hijo se había retirado de la empresa en 2004 y que Mauricio Romandia era hijo de una prima segunda del político panista Santiago Creel.

Según comuneros de Colotepec, las dos sociedades mercantiles antes citadas se dedican a acaparar terrenos comunales para elaborar escrituras falsas y construir fraccionamientos de lujo que venden en miles de dólares como ocurrió con los fraccionamientos “Los Naranjos”, “Costa Cumana”, “La Barra” y “La pencas”; de ahí la denuncia de los norteamericanos Paige y Michael News, quienes compraron mil 400 metros cuadrados de terreno a 98 mil dólares que fueron depositados en una cuenta del Laredo National Bank y al final se enteraron de que eran terrenos comunales que además estaban en conflicto agrario.

Sin embargo los daños y afectaciones a las tierras no son solo por la compra ilegal sino también  por el impacto ecológico que tiene la construcción de complejos turísticos sin estudio de impacto ambiental como denunció en su momento el delegado del Grupo Rural para la Conservación de la Tortuga Marina y especies en extinción “El Tomatal”, Manuel Hernández López.

El ecologista denunció los daños al ecosistema por falta de un sistema de tratamiento de aguas negras que provoca el complejo turístico Costa Cumana, propiedad de la familia Creel y Sodi por la destrucción de manglares, nopaleras además de ahuyentar la vida de animales silvestre como conejos, iguanas, garzas, cocodrilos, tortugas y gaviotas, entre otros.

Denunciaron que para aparentar que se protegía a la tortuga golfina que llegaba a desovar en la zona, incubaban los huevos del quelonio mediante la empresa Puerto Escondido Hábitat S.A. de C.V. propiedad del mismo grupo pero “compraba la tortuga porque el quelonio se alejó de la zona donde ahora se encuentra el complejo turístico”, dijo, y cuestionó que pese a las denuncias ante Semarnat y Profepa,”nadie ha actuado”.

Se presume que la empresa Puerto Escondido Hábitat S.A. de C.V., comercializa más de 4.6 hectáreas de terrenos Comunales y en 2005 fue embargada por un monto de 245 mil dólares, según el expediente 44/2005 radicado en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, además de que se les acusa de poseer escrituras falsas (Escritura 12294 del 6 de abril elaborada por el Notario 14, Hugo Manuel Félix García, quien les protocolizó la compra-venta de 4.6 hectáreas de terrenos colindantes con zona federal y el Océano Pacífico).

La Violencia del poder

Si en el 2006 siendo Presidente del Consejo de Vigilancia del Comisariado de Bienes Comunales José Luis Cabrera Ruiz encabezó la afrenta contra los comuneros de Colotepec para defender la venta ilegal de tierras a políticos de primer nivel del PAN de la familia Sodi de la Tijera y Creel, ya como presidente municipal, Cabrera Ruiz está crecido.

En el 2006 encabezó el desalojo violento de los comuneros, el incendio de una cabaña y festejó la detención que hicieran de periodistas y comunicadores que se atrevieron a señalar los nexos entre el ayuntamiento de Colotepec, el Comisariado de Bienes Comunales y los poderosos miembros de la familia Creel y Sodi.

Ahora, parece que ante el desprecio que su pueblo le hizo al tomarle el seis de enero de 2011 para que no llegara como presidente municipal, –como regalo de Reyes- y realizar plantones y bloqueos carreteros exigiendo su salida, ahora ya comienza a cobrar facturas pendientes.

En nada le afectó la denuncia por un presunto fraude en contra de los comuneros de Colotepec mediante la indemnización que otorgó la Secretaria de Comunicaciones y Transportes por el derecho de vía en el proyecto de la Súper Carretera a la Costa. El robo dicen es de más de 26 millones de pesos.

El presidente no se mide al alardear que el Senador Santiago Creel le brinda protección porque gracias a él (siendo integrante del Comisariado de Bienes comunales) el panista tiene tierras en la costa oaxaqueña y tampoco oculta sus relaciones de negocios con Juan Sodi y aunado a los “amarres” políticos que ha establecido como edil con diputados del Congreso local, José Luis Cabrera se instala y actúa como un auténtico cacique al margen de la Ley. 7

¿Habrá alguien en el actual gobierno que le ponga freno y revise los actos irregulares y el despojo que se comete contra el pueblo de Colotepec?